El nuevo borrador de Derechos Sociales da siete años a los centros ya existentes para adaptarse al límite de 90 plazas y al menos un 35% de habitaciones individuales en el marco de la negociación para avanzar hacia un nuevo modelo residencial.

El plan debe contemplar la “supresión total y segura” de la inmovilización de los mayores por esta vía, que solo podrá usarse “de manera excepcional” y de forma protocolizada.

El objetivo de fondo es impulsar un nuevo modelo residencial, pero tendrá que pactarse con las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia, algo que el Gobierno quiere hacer durante este primer semestre del año.

De aprobarse, a partir de entonces los centros residenciales, centros de día y servicios de atención a domicilio y teleasistencia deberán ajustarse al nuevo modelo. El texto lleva desde el pasado diciembre en discusión y ya es el tercer documento que hay sobre la mesa, por lo que puede seguir modificándose.

El texto establece que “tienen derecho a recibir una atención libre de sujeciones” y los centros deben “tener un compromiso formal” en este sentido. Se proporcionará formación a los profesionales y la sujeción deberá ser “excepcional y en situaciones de urgente necesidad” siempre que haya un peligro para la vida o seguridad de la persona o quienes estén a su alrededor. Previamente debe constatarse “claramente” el fracaso de otras medidas alternativas, se necesitará el consentimiento de la persona o la familia y el proceso debe ser documentado y previamente comunicado a la Fiscalía.

Fuente: eldiario.es