Este nuevo modelo de atención plantea unos cambios (atención centrada en la persona, con planes personalizados de apoyo, con participación de la persona y su familia en los mismos, con una persona de referencia y con planificación avanzada hasta el final de la vida), tratando de preservar la dignidad de las personas (garantizando derechos de libre elección y con una atención libre de sujeciones), aplicando cambios organizativos (residencias más pequeñas, con unidades de convivencia reducidas y con mayor número de habitaciones individuales) y la mejor relación con los servicios sanitarios. Otros países europeos ya han demostrado una mejora clara en la calidad de vida de las personas con mayor dependencia y carga de enfermedades crónicas de nuestra sociedad.

De esta manera se pretende reducir las unidades de convivencia en las residencias, obligar a los centros que se construyan a partir de ahora a que el número de plazas no supere las 120, fomentar el uso de habitaciones individuales, involucrar a los familiares y reforzar el sistema de asistencia a domicilio. Todo ello, con un único objetivo: mejorar la calidad de vida de los residentes y tratar de reducir al mínimo el desajuste que se produce entre la plena autonomía y la involucración de los profesionales. 

"Durante los próximos años, también vamos a incrementar los trabajadores y trabajadoras de residencias para personas mayores, hasta que haya al menos un trabajador por cada dos personas atendidas", ha detallado la titular de Derechos Sociales. La reducción de las ratios es quizás uno de los asuntos que más ampollas ha levantado durante todo el proceso de negociación, pues hay comunidades autónomas que temen que sea inasumible en términos de presupuesto e infraestructuras. Según estimaciones del Gobierno, harán falta 34.000 nuevos puestos de trabajo para apoyar esa mejora del modelo de cuidados. 

Fuente: 20minutos.es / segg.es